La organización Amnistía Internacional (AI) denunció ayer martes en un comunicado que El Salvador ha utilizado su sistema penal «como arma para castigar a quienes defienden derechos humanos».
AI sostuvo que el régimen de excepción prorrogado por más de 40 meses y las reformas al sistema penal «han desvirtuado el Estado de Derecho en El Salvador» al consolidar un «aparato represivo que, en lugar de impartir justicia de manera imparcial, se utiliza como un arma para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y para silenciar las voces críticas».
«En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico. Defender derechos humanos o protestar pacíficamente hoy puede costar la libertad”, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
Uso de tipos penales ambiguos
A juicio de la organización, en el país centroamericano se ha consolidado un modelo que «da apariencia de legalidad a la detención masiva sin pruebas, la suspensión de garantías judiciales y la imposición de plazos desproporcionados de detención administrativa».
Señaló que ha documentado «cómo las autoridades han hecho uso de tipos penales amplios y ambiguos, como ‘agrupaciones ilícitas’ u ‘organizaciones terroristas’, para criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente».
«Por su parte, organizaciones locales contabilizan más de 70 casos de este tipo en el que las personas han sido víctimas de detenciones arbitrarias, privadas de su libertad y sometidas a procesos judiciales sin las garantías propias del Estado de Derecho», subrayó.
Recordó que en julio pasado declaró «personas prisioneras de conciencia» a la abogada anticorrupción Ruth López, al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al pastor y líder comunitario José Ángel Pérez «al determinar que fueron encarceladas exclusivamente por su labor de defensa de derechos humanos y por ejercer pacíficamente su libertad de expresión».
Situación «alarmante»
AI también indicó que la situación carcelaria en El Salvador «continúa siendo alarmante», dado que la «incomunicación prolongada, el hacinamiento extremo, la falta de atención médica oportuna y el riesgo de tortura caracterizan el régimen penitenciario».
Sostuvo que estos riesgos también los enfrenta los abogados y críticos del Gobierno salvadoreño detenidos Enrique Anaya y Fidel Zavala.
«La incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan. El impacto es devastador: autocensura, reducción de actividades y un espacio cívico cada vez más asfixiado», agregó Ana Piquer, según la nota.
Amnistía Internacional exigió a las autoridades salvadoreñas la «liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos».
